El 17 de abril se aprobó el Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria. Se aplicará a los alimentos y productos alimenticios comercializados en todo el territorio nacional. En instalaciones de manipulación, clasificación, fábricas, plantas de envasado, almacenes, incluso en oficinas de intermediarios mercantiles con o sin almacén, así como en el transporte entre todos ellos. Quedan excluidos su ámbito de aplicación: los aspectos higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria; la oferta para la venta al consumidor final, incluidos los obradores de las instalaciones detallistas; entre otros.

Tiene como objetivos: 1) ordenar el sistema de inspecciones y controles; 2) homogeneizar y actualizar el régimen sancionador y 3) establecer marcos de colaboración estable y redes de intercambio rápido de información.

El Proyecto de Ley nace de la necesidad de actualizar la normativa vigente, de 1983, a la norma Comunitaria sobre controles oficiales. Así como contribuir a la Unidad de mercado en el ámbito del control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario. Y favorecer la competitividad de las empresas mediante la simplificación y homogeneización de los sistemas de control de la calidad.

Se regulan los diferentes sistemas de control de la calidad: el control oficial por parte de funcionarios públicos, el autocontrol por el operador y su verificación por entidades de certificación acreditadas.

Se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio, estableciéndose la tipificación y clasificación de las infracciones, con cuantías revisadas, para que “no salga rentable defraudar”.

Se refuerza la cooperación entre administraciones creando la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, entre el Ministerio y las CC.AA.; estableciendo los medios de colaboración y coordinación entre administraciones públicas en materia de calidad; y mediante la Red Informativa de Calidad (RICAL) para compartir y homogeneizar criterios entre autoridades e inspectores y el intercambio de dicha información.